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“Me dicen que Paula Español quiere un 25% de retenciones para el maíz y 30% para el trigo”, “en Casa Rosada hablan un 20% para maíz y un 25% para trigo”, “en 10 a 15 días más se podrían implementar más retenciones”, “quieren más derechos pero tienen que hacerlo por el Congreso, no tienen otra opción”.
Esas frases, entre otras, son las que en los últimos días escucharon integrantes de la agroindustria que tienen contactos con hombres del Gobierno. Son expresiones que los ponen nerviosos y van en línea con los temores que despiertan entre ellos la secretaria de Comercio Interior, que el viernes pasado volvió a insistir que el Gobierno tiene bajo análisis un incremento de las retenciones o poner encajes a los productos del campo para obligar a una mayor disponibilidad en el mercado local.
Por más que ese día en la Casa Rosada le bajaron el precio a las declaraciones de Español, lo concreto es que a los oídos de los empresarios llegan todo tipo de comentarios de un Gobierno apremiado por la inflación. Empresarios que tienen que hacer equilibrio entre el cumplimiento de los precios controlados por las autoridades y la suba de sus costos.
“A mí me dicen que no descartan más retenciones en 10 a 15 días. Paula está muy presionada por la inflación, por los precios actuales, y creen que esta es la salida para bajarlos”, contó un industrial del sector.
Poner más retenciones puede no ser para nada sencillo para el Gobierno. Hoy el grano de soja tributa un 33% y sus subproductos un 31%. En tanto, el trigo y el maíz pagan un 12%. Por ley que el mismo Gobierno impulsó en 2019, no se pueden subir más los derechos en soja salvo que se busque hacerlo con otra ley. En el caso del trigo y el maíz, por esa misma norma tiene la potestad de subir otros tres puntos, a 15%.
Según una fuente que tiene diálogo con el Gobierno, si la Casa Rosada decidiera avanzar con niveles mucho más alto de derechos podría enviar al Congreso un proyecto junto a otras iniciativas no específicas al sector, como una forma de diluir cualquier malestar.
Lo que eventualmente ocurra en el Congreso sería de incertidumbre. Ya provocó malestar tanto en la oposición como en parte del mismo oficialismo, sobre todo en diputados de provincias de la región centro, la demora en prorrogarse la actual ley de biocombustibles que vence el 12 del mes próximo. Incluso, a Diputados acaba de llegar una iniciativa de 14 legisladores del Frente de Todos y uno del PRO que busca reducir el actual uso de biocombustibles, bajando de 10 a 5% el biodiésel en el gasoil y, si bien mantiene en 12% la mezcla de etanol en la nafta, abre la puerta a una merma al 9%.
Con ese cuadro incierto, la batalla por más retenciones tiene sus riesgos más allá del enojo y una eventual movilización que genere en el campo. De todos modos, según las fuentes empresarias consultadas, a ellas desde el Gobierno les hacen llegar razones políticas. “Es un año electoral, tienen que cuidar el voto del conurbano, recuperarlo, y la única manera es bajándole la inflación”, apuntó una fuente.
En enero pasado, cuando se cerraron las exportaciones de maíz, luego reabiertas tras un paro de tres entidades de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas), ya habría estado la intención en un borrador de decreto de poner un 20% de derechos de exportación.
Encajes
“La ley no lo permite, el Gobierno se autolimitó”, dice una fuente oficial ante una consulta sobre más retenciones. Busca así quitarle dramatismo a los mensajes que los mismos empresarios del sector indican que les mandan desde diversos despachos oficiales.
“Más retenciones no se lo aprobarían en el Congreso. Español habla para su tribuna”, reflexiona otro empresario de la agroindustria.
Junto con los derechos de exportación se escucha otra palabra, dicha por la misma Español: “encajes”. Según dicen en el sector, de aplicarse un mecanismo que obligue a dejar mercadería en el mercado local, eso también implicaría un eventual control sobre las ventas al exterior.
Más allá de los mensajes contradictorios, en la agroindustria hay expectativas de que el Gobierno, como prometió el presidente Alberto Fernández en la inauguración del período de sesiones ordinarias el 1° de marzo pasado, mande un proyecto de ley de fomento para la agroindustria.
Sería algo en la dirección que viene reclamando el sector de promover las exportaciones y totalmente diferente de las versiones que dejan correr desde despachos oficiales de más retenciones.
En este contexto, crece el malestar del sector por el reciente registro para exportar carne. “Nos están obligando a organizarnos”, dijo la Asociación de Productores Autoconvocados en un comunicado.
Si bien desde el Gobierno insisten que se trata de un registro solo para controlar la subfacturación en las ventas al exterior y el cumplimiento de acuerdos de precios en el mercado local, el temor es que se abra el camino al retorno de los Registros de Operaciones para Exportar (ROE) vigentes durante la presidencia de Cristina Kirchner y que se usaron para limitar las ventas al exterior. La Mesa de Enlace está sondeando por estos días a sus bases sobre qué acciones eventualmente tomar tras las últimas medidas oficiales.
Por Fernando Bertello
Fuente: La Nación
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