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Luego de algunas idas y vueltas, finalmente el gobierno liderado por Javier Milei optó por adoptar el modelo de promoción de biocombustibles similar al implementado en Brasil, una nación que, gracias a esa decisión, tiene pleno autoabastecimiento de naftas.
En síntesis, el modelo brasileño consiste en establecer cupos mínimos obligatorios de mezcla de bioetanol con nafta y de biodiésel con gasoil, los cuales son completados por medio de licitaciones públicas en las cuales las diferentes empresas compiten para acceder a los cupos que se habilitan regularmente. Ese mecanismo permite que el biocombustible destinado a los cortes obligatorios sean provisto al menor precio posible por las empresas más eficientes de cada sector.
Desde la creación del régimen de promoción (2006), el mecanismo implementado en la Argentina consistió en la asignación discrecional de cupos y la determinación del precio de venta por parte del Estado. Con el nuevo sistema, el mercado tendrá una mayor preponderancia que la “lapicera” del burócrata de turno.
En lo que respecta a las empresas elaboradoras de bioetanol, este lunes se mostraron a favor de la iniciativa oficial –que está siendo tratada en el Congreso– al considerar que se trata de “un proyecto superador”.
El nuevo proyecto, según un comunicado difundido por el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen, “desregula, elimina arbitrariedad y discrecionalidad y abre un panorama de crecimiento que generará al menos 1500 millones de dólares de inversión en los próximos años”.
El único cambio que piden los fabricantes de bioetanol –a partir de un requerimiento realizado por los ingenios azucareros– es que las licitaciones se hagan por separado: 6% para el bioetanol de maíz y el 6% restante del corte obligatorio para el bioetanol cañero.
Salvo por ese detalle, los etanoleros están más que conformes con la propuesta oficial, que contempla –tal como sucede en Brasil– incrementar de manera progresiva el corte obligatorio con nafta para llevarlo en algún momento a un mínimo del 27%, además de habilitar la posibilidad de superar ese umbral para facilitar el uso de vehículos “flex fuel” (que son la mayor parte del parque automotor brasileño) o bien adaptados con emuladores.
En el caso del biodiésel la situación es diferente, porque el sector está integrado por grandes industrias aceiteras que elaboran su propio aceite de soja y, en la misma planta, lo procesan para fabricar el biocombustible, junto con pequeñas y medianas empresas que compran aceite de soja, en algunos casos con un flete que debe recorrer grandes distancias, para elaborar biodiésel con una escala muy baja.
El régimen de promoción de biocombustibles –creado en 2006– incentivó en su momento la creación de pequeñas plantas elaboradoras de biodiésel en muchas zonas de la región central argentina, las cuales prosperaron gracias a la asignación de cupos otorgados por los sucesivos funcionarios que ocuparon la Secretaría de Energía de la Nación.
Pero la realidad es que el nuevo esquema propuesto por el gobierno de Milei, en caso de implementarse, terminará por liquidar a las firmas pequeñas porque no tienen manera de competir con las grandes industrias aceiteras, las cuales, por escala, pueden ofrecer biodiésel a un valor muchísimo más competitivo.
La única manera de que las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel puedan seguir trabajando en el nuevo esquema propuesto es a través de un subsidio indirecto aportado por los consumidores de gasoil, quienes deberían afrontar mayores precios de la nafta para poder sostener a esas empresas.
Fuente: Bichos de Campo
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