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La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) reconoció las mejoras que el gobierno nacional aceptó incorporar al proyecto de modificación del marco regulatorio del sector de biocombustibles pero advirtió que su redacción sigue siendo “ambigua y confusa” y no aleja los riesgos para las pymes productoras de biodiesel.
El régimen de funcionamiento de la industria de los biocombustibles fue uno de los tantos cambios que se incluyeron en el megaproyecto de ley ómnibus de desregulación que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso. En la “Sección IV” de la iniciativa se propuso un drástico cambio de las reglas de juego que el sector tiene pautadas para 2030. Ante los planteos de las cámaras y de las provincias productoras, encabezadas por Santa Fe, operadores del Ejecutivo nacional hicieron llegar informalmente a funcionarios, legisladores y empresarios una nueva versión de los cambios.
La diferencia entre una y otra versión es grande. En la primera, se habilitaba la participación de las petroleras en el negocio, se facultaba al gobierno a fijar a su criterio el porcentaje de corte obligatorio, sin establecer un piso que actualmente es del 7,5%, se liberaba la importación de materia prima, se daba discrecionalidad a la autoridad de aplicación para determinar precios, se eliminaban los cupos para abastecimiento del mercado interno y se la gravaba con más impuestos.
En la segunda, no sólo se fija un piso para el corte obligatorio de gasoil con biocombustible sino que se lo eleva al 10% y se establece un cronograma de incremento que llega al 15% en 2026. También limita importaciones de materias primas y productos terminados y eleva sustancialmente la barrera para el ingreso de las petroleras
Si bien reconoció esas mejoras, Casfer advirtió que la redacción de los artículos en cuestión continúa siendo “ambigua y confusa”, y “no considera las particularidades de los elaboradores pymes de biodiesel, deja librada a diferentes interpretaciones acerca de cómo funcionaría el sistema de licitaciones, y otorga demasiada discrecionalidad a la autoridad de aplicación”.
Uno de los puntos que inquieta a ese sector es la habilitación para que las empresas integradas, sector en el que están la mayoría de las grandes aceiteras, participen hasta determinado porcentaje en el mercado del abastecimiento interno de biocombustible. Se trata de las grandes agroexportadoras que procesan soja y elaboran aceite. En la porción que se utiliza ese subproducto para la fabricación de biodiesel, una porción se vende a las pymes del mercado interno y el resto se importa.
Para las pymes nucleadas en Casfer, el ingreso irrestricto de esos colosos en el mercado interno los deja afuera de competencia, desde el mismo momento en que son sus proveedores de aceite, la materia prima.
Cabe recordar que Santa Fe tiene 19 plantas de elaboración de biodiesel, que representa el 82% de la producción nacional, que generan empleo y valor agregado en origen.
El presidente de Casfer, Juan Facciano, subrayó la disposición a trabajar con los poderes Ejecutivo y Legislativo para buscar alternativas que contemplen “las particularidades del sector pyme y también permitan la participación de todos los actores de la industria, procurando así utilizar el máximo de la capacidad instalada de biodiesel de nuestro país”. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si se aumenta en el corto plazo el corte obligatorio, en el marco de un sistema transparente y riguroso de cupos y licitaciones.
El megaproyecto desregulador que envió el Ejecutivo, con furiosos emplazamientos incluso para que sea tratado, convirtió a la Cámara de Diputados en una feria de reclamos en el que cientos de sectores compiten por cinco minutos de exposición sobre los múltiples aspectos sobre los que se pretende legislar.
La situación se complejiza con la insuficiencia de interlocutores desde el oficialismo. Los ministros de Producción de la Región Centro fueron bien recibidos por el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuando llevaron este y otros reclamos. Pero la devolución fue a través de comentarios o punteos vía whatsapp, con cambios drásticos de un día para el otro, y en un tono de informalidad que también complica el accionar de los legisladores santafesinos que siguen el tema.
“Lo que está claro es que tanto la versión original como corregida del capítulo de biocombustibles de la ley ómnibus fue redactada de forma unilateral, inconsulta e intempestiva”, señalan desde el sector.
Fuente: Agroclave
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