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Las onduladas tierras de Entre Ríos enfrentan la problemática de la degradación por erosión hídrica y la caída de los rendimientos. Conservar el suelo es esencial, sobre todo ante el cambio climático. En este marco, construir terrazas para evacuar los excesos de agua que producen las lluvias intensas es una práctica adecuada, pero poco difundida. Un estudio académico a través de ocho campañas agrícolas halló que —en comparación con lotes sin terrazas— su implementación revierte la caída de los rindes de soja y maíz, y que la mejora en la producción ofrece una rentabilidad hasta 24% mayor.
“La erosión hídrica afecta al 35% de los suelos productivos de nuestro país; son casi 64 millones de hectáreas, equivalentes a más de dos provincias de Buenos Aires. En particular, Entre Ríos está muy perjudicada: el 75% de su superficie es susceptible a la erosión y más de 2,3 millones de hectáreas ya están degradadas”, afirmó Daniel Tomasini, docente de Economía General en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Según Tomasini, el deterioro de los suelos y de los servicios ecosistémicos que brindan es de gran preocupación económica, política y ambiental. Entre Ríos tiene un compromiso especial con la conservación impulsado por la ley provincial de suelos, por reducciones impositivas para quienes implementen prácticas conservacionistas, y también por su relieve desafiante.
La citada ley menciona a las terrazas de evacuación como una técnica de control muy efectiva de la erosión hídrica. Para construirlas se requiere mover tierras a gran escala con maquinarias. Esto genera un alto costo inicial —hasta 100 u$s/ha— que desalienta a los productores a realizar una inversión cada vez más necesaria por la creciente intensidad de las lluvias debida al cambio climático.
“El objetivo de nuestro trabajo fue, entonces, analizar los rendimientos de soja, maíz y trigo, y la rentabilidad de la construcción de las terrazas de evacuación, durante ocho campañas, comparando situaciones con y sin terrazas, en una empresa rural en el este de Entre Ríos”, dijo.
Conservar es ventajoso
“En el caso de la soja de primera —el cultivo más relevante por área sembrada y por su impacto en la erosión hídrica— vimos que mientras el manejo no conservacionista generó pérdidas de rendimiento 157 kg por hectárea y por año, la implementación de terrazas permitió aumentos de 86 kg por ha y por año, en promedio”, informó Tomasini.
Y agregó: “En cuanto al maíz, las pérdidas medias anuales disminuyeron un 61,1%: de 244 a 95 kg/ha. Para la soja de segunda no encontramos diferencias entre ambos sistemas, y el trigo tuvo un comportamiento tan errático por enfermedades fúngicas que no fue posible realizar mayores análisis”. Estos datos están publicados en la revista Agronomía & Ambiente.
Además, el análisis realizado por el docente reveló que la inversión en terrazas tuvo un rendimiento financiero positivo. “La tasa interna de retorno de la inversión, un indicador comparable con la de un plazo fijo en el banco, estuvo entre el 18 y el 24% anual en dólares. Es realmente muy alta e interesante como alternativa”.
Al final, ¿quién paga la fiesta?
Frente a estos resultados, Daniel Tomasini y su equipo se plantearon una pregunta central: ¿Por qué la sociedad debe subsidiar con desgravaciones impositivas a empresarios del agro que podrían ganar mucho dinero por la construcción de terrazas?
“La respuesta es que conservar los suelos tiene ventajas más allá de aumentar los rendimientos agrícolas. Los servicios ecosistémicos que brindan los suelos son beneficiosos para el ambiente y la sociedad. Eso la comunidad local lo tiene muy presente y lo valora”, aseguró el docente.
A modo de ejemplo, Daniel recordó las inundaciones en Gualeguay hace unos años. “Se podrían haber evitado con planes de conservación en la cuenca. Las lluvias son cada vez más torrenciales por el cambio climático; los excedentes hídricos instantáneos van a ríos y arroyos, arrastrando barro e infraestructura, rompiendo cosas. Ese es el impacto que ve la sociedad”.
Actualmente, el equipo de la cátedra participa en otro proyecto en el que busca asignarle valor al impacto positivo de la conservación del suelo en la infraestructura vial rural y en la adaptación local al cambio climático. “En muchos casos, la ganancia del conjunto social por preservar esos servicios ecosistémicos podría superar las ganancias del productor”, puntualizó.
Y concluyó: “Nuestro trabajo conjunto con instituciones provinciales es pionero para Entre Ríos y marca un camino de cooperación público-privada, que permite reconocer las conexiones entre la producción y el bienestar colectivo. Creemos que implementar estrategias sostenibles asegura la productividad agrícola y el cuidado del ambiente, un mensaje crucial en tiempos de cambio climático”
Fuente: AgroClave
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