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La Asociación Argentina de Carreteras (AAC) organiza hasta hoy, en la Bolsa de Comercio de Rosario, la cuarta edición del Congreso Argentino de Caminos Rurales. Desde su creación en 1952, la entidad viene trabajando con el objetivo de lograr una red de caminos funcional con las necesidades del país.
Es por eso, que cada dos años se realiza este evento para analizar la problemática. El nivel de deterioro creciente de la red de caminos rurales, afectada no solo por fenómenos meteorológicos que se han intensificado en los últimos años, sino también por un mayor tránsito de vehículos y equipos de trabajo, tanto en su frecuencia como en cargas, y también por la falta de una política adecuada para su mantenimiento.
Ayer en la inauguración del evento, se pidió que esta problemática sea considerada como una política de Estado, y establecer un Plan Director a largo plazo, con una visión integral, de puesta en valor, mejora y conservación de toda la red, y que tome el objetivo básico de lograr transitabilidad permanente, con un adecuado y racional mantenimiento y mejoras progresivas.
Para el presidente de la Asociación, Marcelo Ramírez, “la infraestructura vial rural no debe constituirse en un cuello de botella que limite el cumplimiento de muchos objetivos, sino por el contrario, debe ser la base para ayudar al productor y a las comunidades asociadas para desarrollarse. Consideramos clave, el desarrollo de los caminos rurales, como eslabón inicial de la red vial y como soporte fundamental para trasladar a la producción primaria de nuestro país y asegurar la conectividad social”.
Se estima que existen más de 500.000 kilómetros de caminos de este tipo, de los cuales 260.000 se encuentran en la Pampa Húmeda y con su infraestructura básica, normalmente de tierra, con un alto grado de intransitabilidad permanente o semipermanente.
El mal estado de un camino rural se traduce en deserción escolar, dificultades ante emergencias médicas, provisión de servicios básicos, problemas para conseguir recursos humanos para que trabajen en los establecimientos agropecuarios, desarraigo, mayor concentración de población en los centros urbanos, y pérdida de competitividad en las actividades productivas.
Un estudio realizado por los integrantes de la Comisión de Caminos Rurales de la Asociación, y que publicó este medio semanas atrás, sostiene que contar con caminos rurales adecuados permitiría a la producción de granos un ahorro en los costos de transporte de entre 696 y 2.088 millones de dólares al año en todo el país. Se llegó a estas cifras luego de analizar un escenario de producción de granos estimada en 150 millones de toneladas al año. El ahorro varía de acuerdo a la distancia promedio entre la tranquera y la ruta pavimentada.
Además, se aportaron datos elaborados por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en relación a las pérdidas en ganadería y lechería, que alcanzan los 39 millones de dólares de valor de producción en la provincia de Buenos Aires, donde el 60% de los caminos rurales se encuentran en un estado de regular a malos.
“Y ante esto, un camión que tiene que circular a 20 km/h consume 1,5 dólar de costo. Sin embargo uno que circula a más 40 km/h, consume 1,10 dólar”, explicaron los especialistas.
Un camino rural en mal estado significa para la lechería la pérdida total de la producción de un día. En el caso de la ganadería se pierden kilos, pasturas y se tiene al animal una mayor cantidad de días en el campo.
Acciones
Para resolver el mal estado de los caminos rurales, desde la Asociación proponen realizar un análisis en todas las comunas, que permita jerarquizar los caminos en diferentes niveles de servicio atento a su vinculación con poblaciones, centros de acopio, estaciones de carga, conexión con las redes provinciales o nacionales y con la cantidad e importancia productiva de los establecimientos a los que sirven.
También expresaron que es fundamental la presencia activa de las autoridades comunales y los productores locales, realizar inversiones para obras de ingeniería caminera y de carácter estratégico, que ponga en valor la red existente y un plan paulatino de desarrollo.
“Dichas obras requieren la disponibilidad temporaria de fondos adicionales a los que actualmente son destinados al sistema. No creemos que nuevos gravámenes sean necesarios, y también vemos con dificultad, en la coyuntura actual, la asunción de inversiones directas por parte del Estado, pero existen una serie de tributos que los productores pagan que, orientándolos hacia la generación de instrumentos financieros modernos, podrían ser el vehículo para hacer posible otros niveles de inversión”, sostuvo Ramírez.
El titular de la entidad, además recordó que los principios básicos que debería contemplar el Plan son: La participación de la Nación, las Provincias y los Municipios, definición de la conservación de la red como prioridad básica, un esquema institucional que permita en cada municipio ajustar el Plan Director, a nivel municipal con un horizonte no menor a 10 años, con participación de productores y organizaciones profesionales, y auditorías técnicas y financieras externas, a los a los entes ejecutores (pública o privada), entre otros.
Por último, Ramírez explicó que el marco jurídico será fundamental para el ordenamiento y vigencia de este Plan. Para eso los integrantes de la AAC, están dispuestos a colaborar en un proyecto de Ley, “que fije las bases para que la coordinación posterior entre los distintos eslabones sea la adecuada, como así también su financiación. Es necesario, unir la capacidad de la Nación, las provincias y las comunas, con la participación de los propios productores y organizaciones no gubernamentales relacionadas, para asegurar el éxito, que no podemos permitirnos seguir postergándolo”, comentó.
Fuente: Infobae
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