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Las exportaciones del agro crecerían en USD 30.000 millones si se eliminaran los Derechos de Exportación, también conocidos como retenciones, según estimaciones de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un tributo del que hay registros de su aparición hacia 1850 y que fueron reestablecidos en 2002, a la salida de la convertibilidad, para atenuar el impacto de la devaluación sobre los precios.
A pesar de limitar el desempeño productivo del sector agrícola, los derechos de exportación se mantuvieron a lo largo de los distintos mandatos. A excepción del período diciembre de 2015- septiembre de 2018, las retenciones se sostuvieron más allá de los precios internacionales de las materias primas y del nivel del tipo de cambio real.
Según un informe de Fundar, las retenciones no se quitan debido a la dificultad de sustituir los ingresos fiscales que generan. En este sentido, en las últimas dos décadas, representaron, en promedio, el 5,5% de la recaudación anual y en los primeros 5 meses de 2024 aportaron al fisco $2,31 billones con una suba interanual del 491%. En términos reales aumentaron 64% y se ubicaron en segundo lugar entre los tributos que más crecieron, solo por detrás del Impuesto PAIS (277%).
Cabe destacar que el Poder Ejecutivo es quien tiene mayores incentivos para sostener las retenciones en el corto plazo ya que le proporcionan una fuente de ingresos tributarios de fácil recaudación que no debe coparticipar con las provincias.
Por el contrario, las provincias productoras tienen grandes incentivos para buscar su eliminación debido a que se verían beneficiadas con un mayor nivel de actividad y recaudación local.
Otro de los objetivos de los derechos de exportación es la redistribución del ingreso a otros sectores de la población. Esto se da a través de dos vías: el precio de los alimentos y la progresividad de la carga tributaria. “Ambos objetivos son cumplidos sólo parcialmente”, resalta el estudio.
Argentina no es el único país que utilizó los impuestos a las exportaciones para contener el precio interno de los alimentos ante la suba de los precios de los productos primarios. Sin embargo, se diferencia del resto por el alcance y la magnitud.
A nivel global, de 116 países, 38 cobraron impuestos a las exportaciones en el año 2020. Pero ese número se reduce a cinco si se considera sólo aquellos en los cuales la recaudación por impuestos a las exportaciones sobre el PBI fue mayor a 0,5%. Estos son Rusia (1%), Kazajstán (1%), Costa de Marfil (1,2%), Argentina (1,4%) e Islas Salomón (3,7%).
Desincentivo a la producción
Desde el think tank aseguran que los derechos de exportación generan un desincentivo a la producción y a la exportación de los bienes gravados porque reducen lo que cobra el productor y su margen de rentabilidad. “Esto puede terminar afectando incluso a la producción de bienes que utilizan aquellos bienes primarios como insumo, puesto que se reduce su oferta. Además, afectan negativamente a la adopción de tecnología, dado que la menor rentabilidad reduce la acumulación de capital disponible para invertir”, explican los analistas.
En este marco, FADA estimó que si se quitaran los derechos de exportación, se unificara el tipo de cambio y se eliminaran las restricciones; la producción de granos aumentaría en 76 millones de toneladas durante los próximos 10 años, las exportaciones se incrementarían en USD 30.000 millones y en los primeros 4 años el sector sumaría 2,9 puntos de crecimiento directo al PBI. Además, se generarían 370.000 nuevos puestos de trabajo.
En cuanto al plano fiscal, Fundar proyectó que ante una eliminación del impuesto, el Estado recuperaría el 58,9% de la pérdida de recaudación a través de dos efectos indirectos: en primer lugar, por el incremento de la producción agrícola y en segundo, por el aumento en la recaudación de IVA a partir de la suba de los precios internos que pagan los consumidores intermedios.
“No esperaríamos que haya un impacto tan grande sobre los consumidores finales porque el grano de trigo o de maíz representa un porcentaje bajo en la formación del precio de los alimentos. Por ejemplo, el trigo representa 13% del precio final del pan. Hay toda una estructura de costos, de transporte, distribución y comercialización; que también inciden en la formación de ese precio. La materia prima es nada más una parte”, dijo Tomás Allan, investigador de Recursos Naturales de Fundar.
“Puede haber algo de impacto sobre consumidores finales, pero proponemos que, en lugar de intentar contener el precio de los alimentos a través de las retenciones, pasemos un esquema donde se fortalezcan los ingresos”, agregó.
Aun así, “esa recuperación de la recaudación no es total ni se distribuye de forma neutral entre niveles de gobierno. Con la reducción gradual de los derechos de exportación, el Estado nacional pierde ingresos tributarios. Esta pérdida es relativamente pequeña en el primer año y se va ampliando progresivamente, hasta alcanzar el 0,9% en el cuarto año”, precisó el informe.
Qué se propone
En este contexto, los analistas proponen reemplazar los derechos de exportación, que recaen sobre valores brutos de venta, por un fortalecimiento en la recaudación de impuestos que recaen sobre los ingresos netos y la propiedad: el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto Inmobiliario Rural, Bienes Personales y un Impuesto a la Renta Extraordinaria de los recursos naturales.
“Este sistema mixto, que combina tributos sobre activos patrimoniales fijos (Inmobiliario Rural) y sobre ingresos netos (Ganancias) tendría claras ventajas sobre el esquema actual tanto desde el punto de vista de la eficiencia económica como de la equidad intrasectorial y la adaptación al contexto económico”, sostienen desde Fundar.
No obstante, indican que en la actualidad no hay espacio fiscal suficiente para reducir impuestos. Por eso, “superada la coyuntura de crisis actual, proponemos eliminar de manera gradual los derechos de exportación, en el marco de una reforma integral al marco fiscal del sector agrícola, y manteniendo en ese proceso alícuotas diferenciales en función del grado de elaboración del producto”, afirman.
En tanto, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) aseguran que el Gobierno les dijo que primero levantarán el cepo y luego bajarán impuestos.
Por otro lado, consideran necesario mantener una tasa residual de retenciones para el poroto de soja por las características particulares de este cultivo.
Allan ejemplificó con lo sucedido en diciembre de 2015 cuando se redujeron los derechos de exportación agrícolas: “Las retenciones del trigo pasaron de 23% a 0% y las del maíz de 20% a 0%. En cambio, para la soja se bajaron 5 puntos porcentuales (de 35% a 30%). La soja y el maíz tienen periodos de siembra y cosecha similares, con lo cual tienden a rotarse. Como la rebaja de 2015 fue proporcionalmente mayor para el maíz que para la soja, mejoró mucho el precio relativo del maíz contra la soja. Esto hizo que se sustituyera un cultivo por otro: la producción de soja cayó porque subió la de maíz, llevando a una rotación ambientalmente más sostenible. El impacto en la producción de trigo fue notoriamente positivo en la campaña 2016/2017”.
También, Fundar plantea crear un fondo de estabilización y desarrollo sectorial, orientado a estabilizar la producción agrícola y el poder adquisitivo local y a financiar obras de infraestructura e inversión pública.
Fuente: Infobae
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